A- de 2022

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Se concluyó que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que las autoridades en controversia lo plantearon a partir de una incorrecta aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 del 2021, pese a que la Corte Constitucional a través de jurisprudencia constante y pacífica, ha dicho que las reglas contenidas en dicha normatividad no definen la competencia de las autoridades judiciales en materia de tutela, sino que esta trata de simples reglas de reparto.

Se dirime el conflicto con la remisión del expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

Se le hace una advertencia a esta autoridad para que, en lo sucesivo, decida conforme a la reiterada y vinculante jurisprudencia constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Al otro operador jurídico involucrado se le advierte que, cuando encuentre configurado un conflicto negativo de competencia plantee de inmediato el mismo y no se limite a remitir el expediente a la autoridad a quien inicialmente se repartió el asunto, pues con esta actuación genera una mayor dilación en el trámite de la acción.